La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) es otra de las instituciones que rechaza la iniciativa de excluir del máximo órgano de decisión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a las entidades agropecuarias y al sector académico, aunque decide llevar la discusión hacia otro nivel: ampliar la representación vigente, considerando los cambios que presentó la estructura socioproductiva desde la fecha de creación del INTA, en el año 1956, y visibilizando a los nuevos actores sociales agropecuarios.

“La activa participación del sector privado ha sido fundamental para que este organismo con más de 60 años de historia haya superado los diversos contextos políticos y económicos. Mirar para otro lado en vez de sumar nuevas miradas es actuar en desmedro del desarrollo equitativo de todas las regiones del país, a través de la producción primaria y/o la agroindustria”, afirmó Eduardo Rodríguez, presidente del sector de Economías Regionales de CAME.

Hace 11 años que esta entidad gremial empresaria representa a pequeños y medianos productores y, en su nombre, reclama ser parte del Consejo Directivo del INTA. Según el Censo Nacional Agropecuario 2018, el segmento denominado “Economías Regionales” representa a más del 63% de las explotaciones agropecuarias de nuestro país, por lo que comenzar a considerarlo es una necesidad estratégica al momento de diseñar políticas de desarrollo productivo tanto regional como nacional.