La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), presentó un recurso administrativo ante el Ministerio de Economía para reclamar los fondos que el Estado le adeuda al sector desde hace más de 6 meses, estimados en más de $3.500 millones.

La entidad presidida por Pedro Cascales aseguró que la deuda «hace insostenible el fraccionamiento para garrafas, que abastecen a 20 millones de argentinos».

CEGLA explicó en un comunicado que el Gobierno dispuso un subsidios a los consumidores de garrafas de hogares de bajos recursos, que residen en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o que no se encuentren conectados a la red de distribución, para que puedan acceder a precios diferenciales más accesibles.

La medida se implementó mediante el Programa Hogar, por el que se subsidia  a los consumidores, mientras que a los fraccionadores  y al resto de la cadena industrial se los compensa con una Asistencia Económica Transitoria  (AET).

«Pero esto último no se cumple desde hace meses y hay empresas que desde abril de 2022 no perciben esos fondos», advirtió la cámara.

A pesar de los recientes aumentos de los Precios Máximos de Referencia, el sector sostiene que «produce con una pérdida operativa estimada por garrafa de $156,4 de promedio ponderado nacional, que varía según la zona de distribución».

«Por ejemplo, por la venta de garrafas en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y Santa fe (ZONA I), las pérdidas alcanzan $104,3 por unidad, mientras que la brecha entre el Precio Máximo de Referencia y el costo producción es aún mayor en las regiones de NEA y NOA (ZONA II), donde las pérdidas superan el doble, llegando a $234,6 por garrafa, sobre todo, por el costo del transporte, y más aún en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz (ZONA III)».

Cascales remarcó que los precios de referencia, definidos por la Secretaría de Energía, «sólo alcanzan para cubrir aproximadamente entre el 55 y el 70 % de los costos operativos promedio de la actividad, según las zonas de comercialización dentro del país”.

«La fijación de precios, que impiden a los fraccionadores cubrir sus costos y obtener una rentabilidad razonable, constituyen una reglamentación irrazonable que no tiene en cuenta los derechos constitucionales de trabajar y ejercer una industria lícita», añadió.

Si se tiene en cuenta que en la estructura de costos influye el valor del gas licuado, impuestos, costos de mano de obra, mantenimiento, rehabilitación de envases, canjes y  transporte primario, el costo ponderado total de producción sería de $883,6, mientras que el precio de referencia dispuesto por la Secretaría de Energía para la venta es de $606 y $121,2 de AET, que se está incumpliendo, pero aún así da una pérdida estimada de $156,4 por unidad.