Por Guillermo siro (Presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires – CEPBA)

El nivel de ausentismo nos transmite alarmantes noticias con el posible riesgo de convertirse en una parte más del paisaje económico argentino.
Según el reciente informe de coyuntura de la Cámara de Comercio e Industria de Tres de Febrero, los promedios de ausentismo son del 10% en Industria y del 20% en empresas de servicios, superando largamente los niveles aceptables que no deberían superar el tres y el siete por ciento, respectivamente. En otros distritos del Conurbano las estadísticas son aún peores.
Es comprensible que en los inicios de la pandemia, allá por marzo del 2020, en aras del cuidado masivo de la población y con total desprotección frente al Covid 19, el cierre y el aislamiento eran las recomendaciones para evitar o disminuir la tragedia.
Ahora, un año y medio después, el panorama es totalmente distinto y alentador. Aparecieron las vacunas. Un alto porcentaje de la población ya se aplicó entre dos y tres dosis como requisito para minimizar los riesgos de contagio y para amortiguar la sintomatología de un caso positivo.
Es por eso que señalamos que, ante la tranquilidad que nos proporciona la ciencia, las políticas sanitarias y nuestros protocolos, merece otro análisis la vuelta a la normalidad en nuestra economía.
En resumen, la alta vulnerabilidad está sustancialmente reducida y si continuamos con los testeos preventivos para casos sospechosos, no hace falta llegar al extremo de, por ejemplo, aislar a los contactos que hayan recibido al menos dos dosis de vacunación.
Esto último, hay que admitirlo, fue escuchado, aunque con demoras, por el gobierno nacional que finalmente accedió a liberar del aislamiento a trabajadores que hayan sido contacto de casos de Covid 19.
Es un buen comienzo, pero insuficiente. Porque no hay obligación alguna de los trabajadores ausentes de certificar su condición de caso positivo y eso se transforma en algo imposible de controlar.
Es por eso que venimos exigiendo que aquellos que crean tener síntomas deben testearse en los lugares de trabajo, con todos los requisitos de higiene y seguridad. Estamos dispuestos a hacernos cargo de esos testeos. Y, si los mismos dan negativo, deben realizar la contraprestación por la cual cobran un sueldo y cargas sociales.
Nos preguntamos diariamente, cómo es que a nuestros clientes les tenemos que pedir el certificado de vacunación para que puedan venir a comprar, pero que nada debemos pedirle al trabajador. Cuando éste falta no podemos exigirle ninguna certificación. Entiendo que los trabajadores tienen derechos, como el de cuidar de su salud, pero también tienen la obligación de trabajar cuando están sanos. Se pone énfasis en los derechos sin tener en cuenta a las obligaciones.
El problema del ausentismo implica el recargo de tareas en los trabajadores que sí están cumpliendo con sus obligaciones, retrasa la producción y las ventas y, sobre todo, afecta a los esmerilados bolsillos de los empleadores que pagan sin obtener contraprestación.
El ausentismo se está convirtiendo, desde lo ético, en un hábito negativo y amenaza con quedarse y aún más con instalarse en nuestros libros contables por largo tiempo si no es que el gobierno nacional madura, de una vez por todas, y se decide a actuar con sensatez, prudencia y rigor, para evitar males mayores.
La síntesis de este cuadro nos indica que el ausentismo se incorpora como un alto costo, no sólo para los empresarios, sino que también derivará en escasa recaudación impositiva, menor respaldo para una economía en recuperación y, en definitiva, y para todo un país que ve frustrada sus expectativas por un mejor futuro.