CARLOS HELLER / Diputado Nacional del Frente de Todos

Un habitual consultor del mercado señaló en una entrevista que el proyecto de Presupuesto 2021 es un “mamarracho”, que estamos en una época de “enorme pesimismo”, porque tenemos más “intervención” del Estado, más cambios en las “reglas del juego”, que no hay “equipo económico” ni “programa”.

Una lectura sesgada del Presupuesto 2021. En verdad, estas reflexiones buscan mantener el statu quo sin tener en cuenta los nuevos enfoques mundiales a partir de la situación crítica que estamos atravesando producto de la pandemia. Y que, a raíz de eso, tanto el discurso como las prácticas de los gobiernos del mundo están mostrando importantes cambios. Con las particularidades y limitaciones de cada país, se suman los apoyos fiscales a los sectores más golpeados y también se exploran nuevas formas para financiarlos.

El secreto está siempre en los “cómo”. El ministro de Economía, Martín Guzmán, fue claro al afirmar: “Queremos las cuentas en orden, pero no apuntamos a bajar el gasto”. La idea que contiene el proyecto de Presupuesto es sencilla: que la economía crezca y que por el aumento esperado de la recaudación se avance gradualmente hacia un equilibrio fiscal. Eso más allá de los anticipos hechos por los principales funcionarios sobre que están en estudio eventuales reformas impositivas progresivas.

También se trata de darle racionalidad al gasto privilegiando lo que más importa (de ahí también la trascendencia de la reestructuración de la deuda). De hecho, en el anterior gobierno, mientras se recortaba el gasto en salud, educación y en infraestructura, aumentaba fuertemente el peso de los intereses de la deuda (pasó del 1,3% del PIB al 3,4% entre 2015 y 2019). Por el lado de los ingresos, ¿era acaso racional el recorte de la carga tributaria a los sectores de mayor capacidad contributiva que terminó desfinanciando al Estado en ese lapso? Sin duda, la respuesta es negativa.

Un tema trascendente que sobresale del último informe de la CEPAL es su demanda por un aumento de la presión tributaria (la relación entre recaudación y PIB) en la región, que es actualmente del 23,1%, por debajo de los países de la OCDE (34,3%). Mientras que en la Argentina es del 28,8%, apenas por debajo de Uruguay y bastante más bajo que Brasil (33,1%), el más alto de la región, siempre con los datos de CEPAL. Sirve para derribar varios mitos sobre que en nuestro país y en la región el peso de los impuestos es “asfixiante” y que “no te deja producir”. Expresa la CEPAL que se debe combatir la evasión y elusión tributaria, que llega al 6,1% del PIB regional, consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital y correctivos, como los ambientales y relacionados con la salud pública.

Se muestra que la estructura tributaria en la región está muy volcada a los impuestos sobre el consumo, que afectan a los sectores más pobres. En cambio, “la recaudación de impuestos directos -sobre la renta y la propiedad- es escasa, lo que agrava las desigualdades verticales y horizontales inherentes al sistema vigente”. La mitad de los ingresos tributarios en América Latina y el Caribe proviene de impuestos indirectos, en comparación con alrededor de un tercio en los países de la OCDE. El sendero a transitar es claro.

Por eso no resulta coherente que los mismos sectores que presionan para que bajen los impuestos luego pidan subsidios y apoyo del Estado. Menos impuestos y más gasto no cierra en la contabilidad más elemental, a no ser que se la mire con la lente de la puja distributiva. Las instituciones del Estado tienen un rol clave en la gestión de todo un conjunto de decisiones alrededor de la generación y asignación de recursos, no sólo pensando en la forma de morigerar los efectos de la pandemia, sino también en el proceso que seguirá después.