En la ciudad de Concordia, reconocida como la Capital Nacional del Citrus, el presidente Alberto Fernández anunció junto con el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, y otras autoridades, la compatibilización de los planes y programas sociales con el trabajo rural registrado, medida que beneficiará a alrededor de 250.000 trabajadores rurales temporarios y sus familias.

El reclamo por la falta de disponibilidad de mano de obra para la realización de tareas temporales —fundamentalmente la cosecha— por temor a perder los beneficios sociales, fue visibilizado en reiteradas oportunidades por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y sus entidades adheridas. Además, la gremial empresaria que representa a las pymes había presentado un proyecto de ley junto con la legisladora nacional Nora Giménez para lograr tal superposición.

El anuncio se anticipa al inicio de la temporada de cosecha 2021-2022 de varios cultivos y se transforma en un guiño positivo no sólo hacia los productores agropecuarios pymes, quienes sentirán alivio frente a una problemática que ya se tradujo en la pérdida de entre un 25% y un 50% de la producción total, sino también hacia los sectores más vulnerables, que tendrán mayor protección social, más oportunidades de poder insertarse o reinsertarse en el mercado laboral y, a su vez, podrán percibir mayores ingresos.

“La pyme agropecuaria necesita recuperar rentabilidad y sólo quiere producir, trabajar y dar trabajo. En este círculo virtuoso, la compatibilización beneficia a todos: al trabajador rural, al empresario y al Estado”, aseguró Eduardo Rodríguez, presidente del área de Economías Regionales de CAME. “Es un primer paso en el camino hacia recuperar la cultura del trabajo en el agro”, agregó.

En un año electoral, colocar los temas que aquejan a la producción primaria en la agenda de los candidatos y el gobierno pareciera ser un gran desafío. Sin embargo, queda demostrado que cuando existe voluntad política, pueden encontrarse soluciones conjuntas —público-privadas— a los problemas. “Insistimos en que las economías regionales deberían tener su Secretaría de Estado para poder resolver estos temas de carácter urgente con la mayor premura posible”, recalcó Rodríguez.