«En el contexto de segunda ola que atravesamos y para seguir haciendo frente a la importante demanda de GLP que tiene nuestro país, requerimos de medidas que saquen a las fraccionadoras de la complicada crisis que sufren», reclamó el presidente de la entidad, Pedro Cascales.

El año pasado fue muy duro por la pandemia del Covid-19 y por el atraso en la actualización de los precios de referencia que llevó a que la actividad de fraccionado de gas envasado esté en un contexto de déficit insostenible. Luego de los reclamos iniciados por CEGLA se consiguió que los valores se incrementen, pero no al nivel requerido para cubrir los costos y márgenes razonables históricos.

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En ese sentido, las compañías que integran la cámara creen que la garrafa de 10 kg. de gas butano debería aumentar como mínimo entre $ 200 y $ 250, dependiendo de la región del país, para obtener un margen operativo adecuado. «Hay una necesidad imperiosa de cubrir los costos operativos y de recuperar una razonable rentabilidad que permita mantener el nivel de inversiones tal como lo marca la Ley 26.020«, sostuvo Cascales.

Un dato que explica el desfasaje actual y que marca la clara situación en la que se encuentra el sector fraccionador argentino de GLP es que los márgenes establecidos de las tareas de fraccionamiento y distribución en Argentina se ubican en u$s 3 por garrafa de 10 kg.  Este número es la mitad respecto a los de los países de la región que, en promedio, ubican ese valor alrededor de los u$s 6 por carga de 10 kg.

Desde CEGLA ya se le pidió a la Secretaría de Energía de la Nación la prórroga de los vencimientos de los tanques fijos por 5 años adicionales al plazo de término actual; la de los tanques de granel, garrafas y cilindros por 5 años adicionales al plazo de vencimiento actual; la de las certificaciones de las plantas, fijando un plazo mínimo de 2 años; la de las certificaciones de los depósitos fijando un plazo mínimo de 5 años, y la de los certificados de transporte. También, la suspensión de todos los procedimientos de cobro de las multas que por cualquier concepto hayan sido aplicadas hasta la fecha por un plazo mínimo de 3 años, y la reducción del 50% en las contribuciones patronales de los empleados del sector.

«El sector de fraccionado y distribución de GLP se encuentra atravesando un momento crítico. Resulta necesario adoptar en forma urgente todas estas medidas para garantizar el acceso a dicho insumo al público consumidor, en especial para las franjas vulnerables y sin acceso a redes de gas natural», resaltó el presidente de CEGLA.

Cabe destacar que las fraccionadoras de gas licuado dan empleo directa e indirectamente a más de 9.000 personas y abastecen con altos estándares de eficiencia a más de 5 millones de hogares con un combustible ecológico, 100% nacional y que es fundamental para el entramado familiar del país.